Un juez federal bloqueó una política de la administración Trump que limitaba las visitas de los miembros del Congreso a los centros de detención por medio de la presentación de solicitudes con una semana de antelación. La magistrada dictaminó que la política contradice la Sección 527(b) presentada por las agencias federales.

Los hallazgos del juzgado

De acuerdo con Politico, la jueza del distrito Jia Cobb dictaminó que el requisito de notificación de siete días de anticipación dificultaba que los legisladores pudieran ver las condiciones de las instalaciones en los lugares de reclusión.

En ese sentido, señaló que la normativa contradice la Sección 527(b), que estipula un aviso 24 hs solo para el personal y no para los miembros del Poder Legislativo.

“El hecho de que la ley parezca excluir la permisibilidad de un requisito de notificación previa para los empleados del Congreso respalda aún más la interpretación de los demandantes de la ley, que considera que dichos requisitos de notificación previa no son permisibles para ellos”, dijo la jueza en el escrito.

Tras este análisis, el Tribunal concedió la suspensión de la normativa a los grupos afectados, por lo que las políticas de visitas impugnadas previo al memorando quedan “suspendidas”.

El contexto de la orden emitida por la jueza federal

El caso se centra en la interpretación y aplicación de la Sección 527, una disposición que prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) usar fondos para impedir el acceso de vigilancia a cualquier miembro del Congreso o hacer modificaciones temporales en los centros de detención durante las visitas.

En julio de este año, una docena de representantes demócratas presentaron una demanda acerca de las restricciones impuestas por el DHS que incluía el aviso previo de siete días y la política del ICE que estipulaba que las Oficinas de Campo no eran instalaciones de detención y, por lo tanto, quedaban fuera del alcance de los requisitos de las instalaciones de detención.

“A mediados de junio, el ICE declaró en su sitio web, por primera vez, que prohibiría a los miembros del Congreso realizar visitas de supervisión a sus oficinas locales”, estipuló la demanda de los legisladores.

Luego agregaron: “Pese al reciente reconocimiento de que los miembros del Congreso no están obligados a notificar con antelación las visitas, los funcionarios del DHS y ICE han negado a los demandantes el acceso a las instalaciones".

Las agencias federales adoptaron estas políticas semanas después de la visita de tres congresistas demócratas al centro de inmigración Delaney Hall de Newark. Una de las demócratas, la representante LaMonica McIver, fue acusada en junio de agredir a un agente del ICE.

La problemática del acceso volvió a estallar en octubre, cuando la agencia federal dejó de facilitar numerosas visitas del Congreso, alegando supuestas "limitaciones de personal" que, según sostuvo, no los obligaban a otorgar a los legisladores acceso sin restricciones.