Protocolo antipiquetes: la Justicia lo anuló, el Gobierno apeló y se abrió una nueva pulseada

La controversia por el protocolo antipiquetes sumó este martes un nuevo capítulo judicial y político. Luego de que la Justicia declarara la nulidad de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad, el Gobierno nacional formalizó la apelación del fallo y festejó que el recurso fuera concedido con efecto suspensivo, según su interpretación, lo que reabrió la disputa sobre la vigencia de la medida y su alcance real mientras interviene la Cámara.

Apelación P.A. by Leonardo Villafañe

En un mensaje publicado en redes sociales, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que “la Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo”.

“El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse. Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás”, escribió la funcionaria. En ese sentido, sostuvo que “el orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras”.

En la misma línea, fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron que la concesión del recurso de apelación “en ambos efectos” implica que la sentencia de primera instancia quedó suspendida hasta que la Cámara se pronuncie, por lo que el protocolo continuará aplicándose mientras se resuelve la apelación.

concede doc1688967870 by Leonardo Villafañe

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionaron, en cambio, la interpretación del Gobierno sobre el alcance de la apelación concedida. “Lo que dice el Gobierno no es correcto, solo le concedieron un recurso de apelación. Hoy, tal como señaló el juez Cormick, el protocolo es nulo. Y mientras se dirime la apelación el protocolo sigue considerado nulo. Si el Gobierno lo aplica de todos modos es bajo su responsabilidad y se tendrá que hacer cargo de las consecuencias que se deriven de su aplicación, sabiendo que un juez sentenció su nulidad”, señalaron a El Cronista fuentes del organismo.

La resolución que anuló el protocolo sostiene que el Ministerio de Seguridad avanzó sobre facultades que no le correspondían, al regular y restringir el derecho constitucional a la protesta mediante una resolución administrativa, sin intervención del Congreso. El juez Martín Cormick concluyó que el Poder Ejecutivo “legisló” por vía reglamentaria, al establecer criterios que reglamentan derechos constitucionales y modifican de hecho normas penales y procesales.

Sin embargo, el escenario quedó abierto tras la presentación del recurso del Estado nacional. Este martes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 concedió “en ambos efectos” la apelación interpuesta por el Ministerio de Seguridad y dispuso la elevación del expediente al tribunal superior.

En su escrito de apelación, el Gobierno sostiene que la sentencia le causó un “gravamen irreparable” y cuestionó la vía judicial utilizada. “El fallo declaró la nulidad de la Resolución 943/23 sin encontrarse acreditados los recaudos necesarios para determinar tal declaración, privilegiando un sector ínfimo de la sociedad que efectúa protestas al margen de la ley, por sobre el interés de toda la población”, argumentó la cartera de Seguridad.

El Ministerio negó que el protocolo haya restringido derechos constitucionales y afirmó que se trató de una instrucción operativa para las fuerzas federales. “No es cierto que a través de la Resolución 943/23 se regulen derechos ni que el Ministerio de Seguridad haya asumido la competencia del Poder Legislativo”, señala el escrito, y agregó que el protocolo “únicamente se aplica en la medida en que el delito ocurre en el marco de una protesta”.

Además, la apelación defendió el uso del artículo 194 del Código Penal y rechazó la interpretación del juez sobre su alcance. Según el Gobierno, la resolución se limitó a ordenar la actuación de las fuerzas ante delitos flagrantes que afectaran la libre circulación y el interés público, sin criminalizar el derecho a la protesta. “No existe entonces una restricción al derecho de protesta sino la aplicación lisa y llana del Código Penal en conflictos entre particulares”, sostuvo.

Desde el Ministerio de Seguridad también se invocaron normas nacionales y estándares internacionales para justificar la medida. El escrito afirma que el protocolo se ajustó a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que admite restricciones al derecho de reunión cuando resultan necesarias para proteger el orden público y los derechos de terceros.

Del otro lado, organismos de derechos humanos ratificaron su respaldo a la sentencia. Desde el CELS señalaron que el fallo fijó un límite claro a la actuación del Poder Ejecutivo y recordó que el protocolo fue impugnado por considerar que habilitó restricciones generales al derecho a la protesta sin respaldo legislativo. En la misma línea, Amnistía Internacional Argentina calificó la decisión judicial de anularlo ayer como “un triunfo colectivo” y sostuvo que la anulación evitó que se consoliden prácticas contrarias a las garantías constitucionales.

El protocolo antipiquetes fue presentado por Patricia Bullrich en diciembre de 2023, al inicio de la gestión de Javier Milei, y desde entonces atravesó una extensa disputa judicial. Durante 2024 y 2025, distintos tribunales intervinieron en amparos y habeas corpus, con fallos contradictorios y debates sobre la competencia de los fueros, hasta que la cuestión de fondo llegó al juzgado de Cormick.

Con la apelación ya concedida, la discusión quedó ahora en manos de la Cámara. Mientras tanto, la pregunta que recorre al Gobierno, a la Justicia y a los organismos de derechos humanos sigue abierta: si el protocolo antipiquetes quedó definitivamente anulado o si continuará vigente hasta que haya una definición judicial firme en una pulseada que combina derecho, seguridad y política.