El mes pasado, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) actualizó los montos de facturación a partir de los cuales las empresas deben actuar como agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La medida implica un incremento del 179% en el umbral de ingresos, que ahora pasará de $ 2.800 millones a $ 7.800 millones anuales. El objetivo de esta medida es el de adecuar los parámetros vigentes al contexto económico y reducir la carga administrativa sobre el entramado productivo.
La resolución normativa fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y tendrá un impacto directo en la cantidad de empresas alcanzadas por el régimen.
En la práctica, unas 6800 empresas quedarán liberadas de esa obligación este año, lo que representa una reducción significativa en los trámites y costos administrativos para el sector privado que trabaja en Buenos Aires.
Como resultado de esta decisión, actualmente el padrón de agentes se reducirá a 11.100 empresas, lo que representa apenas un tercio del universo que existiría bajo el esquema de actualización automática por inflación.
Las 6.800 empresas que quedarán fuera del régimen podrán concentrar sus recursos en su actividad productiva sin tener que afrontar las obligaciones administrativas propias de los agentes de recaudación.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló que “si dejáramos que la inflación haga todo el trabajo, cada vez más pymes y comercios quedarían obligados a actuar como agentes, aun sin tener la espalda financiera para asumir ese rol”.
“Por eso tomamos la decisión de no sumar obligaciones por inercia inflacionaria, concentrar el régimen en quienes realmente tienen mayor volumen de operaciones y reducir la cantidad de retenciones y percepciones que se generan en la economía cotidiana”, agregó.
Otro aspecto central de la normativa es que las empresas que, tras esta actualización, queden por debajo del nuevo monto establecido permanecerán excluidas del régimen durante un plazo de 24 meses, independientemente de las variaciones que puedan registrar en su facturación durante ese período.
“Brindar previsibilidad es clave para planificar la actividad económica. Esta regla de permanencia por dos años evita que las empresas entren y salgan del régimen de manera permanente y les da estabilidad para organizar su gestión”, remarcó Girard.
Esta cláusula de estabilidad apunta a evitar que las fluctuaciones normales en la facturación de una empresa generen cambios constantes en sus obligaciones tributarias, permitiéndole planificar con mayor certeza sus procesos administrativos y contables.


