La doble injusticia para Tomás Gabriel: Acusado de un delito que no cometió y sin hacer valer su amnistía

La indígena otomí Carmela Flores, originaria de la comunidad de Jiquipilco el Alto, municipio de Temoaya, Estado de México inició un plantón indefinido afuera del Poder Judicial del Estado de México, en el centro de Toluca, para exigir que un Juez ordene la inmediata libertad de su esposo Tomás Gabriel Crisanto, a quien el 25 de marzo del año pasado le fue otorgada la amnistía por un crimen que no cometió y que su propio sobrino lo deslindó ante las autoridades.

Hace 13 años, dijo la otomí, su marido fue encarcelado injustamente en la prisión de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde compurga una sentencia de 44 años, de los que cumplió 13, acusado de un homicidio que no cometió en su natal Temoaya.

“Mi esposo ya tiene una amnistía y no le han dado su libertad, por eso estamos aquí”, indició afuera del Poder Judicial la madre de familia, dijo en entrevista con El Financiero.

Refirió que la única imposición del Juez que lleva el caso, fue el pago de 660 mil pesos por concepto de reparación del daño, de los cuales 300 mil pesos corrieron a cargo del Poder Judicial del Estado de México y ella juntó 360 mil pesos, por lo que tuvo que empeñar su casa.

“Y luego, con el apoyo de mis compañeras, quienes también nos ayudaron a recaudar ese dinero, nada más se pagó la reparación del daño porque era un requisito para que le dieran la amnistía”, indicó la señora Carmela Flores.

¿De qué se le acusó injustamente a Tomás?

La mujer otomí recordó que, el 16 de abril del año 2013, su esposo Tomás estaba en la comunidad de Entabi, en Temoaya y que después de salir de su tienda de abarrotes que tenían, se subió a su camioneta y en camino a su casa se encontró a su sobrino menor de edad quien le pidió un “aventón”.

“Se subió, pero vio a estos muchachos y disparó desde la camioneta de mi esposo (el sobrino), mi esposo no iba tomado, pero lamentablemente el joven (llevaba pistola), fue todo lo que pasó y ahí mi esposo dijo que iba a ir a declarar porque no tuvo nada que ver.

Entonces fue y le fabricaron su orden de aprehensión y se lo llevaron para Almoloya no ha salido, entregamos al muchacho porque sabíamos que él había disparado, él estaba en la Quinta del Bosque (tutelar para menores infractores), pero él ya salió”, expresó la mujer.

Su sobrino deslindó de toda responsabilidad a su tío sobre la muerte de un joven al que él mismo le disparó y al cumplir su sentencia, ya abandonó el tutelar para menores infractores ubicado en el municipio de Zinacantepec, en el Valle de Toluca.

Pierden hasta la casa por su salida de la cárcel

Sobre la calle de Nicolás Bravo, en el centro de Toluca, la señora Carmela Flores recordó que, en el transcurso de estos últimos 13 años, su única hija de 26, perdió la vida a consecuencia de la leucemia, justo cuando cursaba en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la carrera de Derecho, porque quería ser abogada para sacar a su padre de la cárcel.

“Era nuestra única hija que teníamos y la injusticia te deja marcado para toda la vida, porque es algo que nunca voy a superar, a lo mejor”, añadió la temoayense.

Para enfrentar la situación de Tomás, la mujer otomí vendió una camioneta y dos terrenos con tal de ver a su marido fuera de la cárcel, “él es un buen esposo, un buen ser humano y aquí estamos en la lucha hasta que él salga. Llevamos 33 años de casados, los dos somos otomíes, yo sé que mi esposo es inocente.

Seguirá en el colectivo “Haz Valer mi Libertad”

Carmela Flores, originaria del municipio de Temoaya, sostuvo que después de la salida de Tomás Gabriel Crisanto, ella seguirá en el colectivo “Haz Valer mi Libertad”, en el que toma parte también el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero.

Con este colectivo conformado principalmente por mujeres que buscan la libertad de sus esposos, hijos o nietos encarcelados injustamente, la señora Carmela ha estado en marchas y plantones en Palacio de gobierno, también sobre la explanada de la Plaza de los Mártires, afuera del Poder Judicial y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México.