La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó la restitución de la pensión por fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner a favor de Cristina Kirchner. Los magistrados Sebastián Russo y Juan Fantini firmaron el fallo que obliga a la Anses a retomar los pagos mensuales. La medida judicial tiene vigencia mientras transcurra el juicio principal por la quita de los beneficios de privilegio.
Si bien no se confirmó una actualización del monto, según los últimos registros oficiales la exmandataria percibiría una suma mensual de $9.658.606,27 netos. Este cálculo toma como base los valores de noviembre de 2024, fecha en la cual el organismo previsional interrumpió los pagos.
En aquel período, la asignación específica por el fallecimiento de su esposo alcanzó los $15.609.453,32 en bruto. El importe de bolsillo para esa prestación fue de $12.498.443,49. Esa cifra contempló un suplemento por zona austral que la Anses denunció por irregularidades en el domicilio declarado.
Sin ese adicional por residencia en el sur, el haber neto liquidado hace 15 meses quedaba en $9.658.606,27. Los montos finales para el esquema actual dependen de mecanismos de actualización que no son de carácter público.
El fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social beneficia únicamente a una de las dos prestaciones que la exfuncionaria recibía de forma simultánea. Los jueces desestimaron, por el momento, la devolución de la asignación vitalicia personal como expresidenta. El tribunal justificó el dictamen bajo el concepto de tutela judicial urgente debido a la naturaleza de los fondos en disputa.
El juez Sebastián Russo sostuvo en su voto que “corresponde otorgar prevalencia al carácter alimentario del derecho cuya tutela se persigue y a la situación de desprotección en la que queda colocada la actora como consecuencia de la decisión adoptada por el organismo”. El magistrado Juan Fantini adhirió a esta postura.
El texto judicial remarcó que la resolución de la Anses privó a la peticionante de ingresos esenciales para su sustento. La defensa de la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, alegó que la quita de los haberes vulneró derechos fundamentales.
La legisladora Graciela Ocaña, del partido Confianza Pública, cuestionó el accionar de la justicia previsional. Ocaña afirmó: “Lo increíble es que la condenada alude razones alimentarias, cuando todos sabemos que la señora es millonaria. Esto habilita una vía para que el Estado le tenga que pagar un dineral que resulta obsceno para cualquiera”.
La diputada porteña mantiene un litigio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el cobro de la doble prestación que se otorgó en 2021. Las jubilaciones de privilegio amparadas en la ley 24.018 no requieren edad mínima ni años de aportes para su concesión.
El Ministerio de Capital Humano confirmó a LA NACION que recurrirá el fallo de segunda instancia. El organismo previsional presentará un recurso extraordinario federal para que la máxima instancia del país revise la orden de pago.
La gestión nacional sostiene que la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado torna incompatible el cobro de cualquier asignación graciable. La sentencia de la Cámara de Casación Penal Federal contra la expresidenta motivó la baja original de los beneficios.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Silvia Stang.

