El 15º Tribunal de Apelaciones rechazó el pedido del fiscal general Ken Paxton de cerrar el Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes en el condado de Harris, Texas. El juzgado aseveró que no se proporcionaron pruebas de que el programa perjudicara a los residentes.

La decisión que beneficia a los migrantes en Texas

De acuerdo con el Houston Public Media, los jueces concluyeron que Paxton no presentó pruebas que confirmaran que el programa había causado efectos negativos a los residentes del condado desde el inicio de sus operaciones.

“El estado aún no ha presentado pruebas de que, a pesar de varios años de funcionamiento, el programa haya provocado algún daño real a los residentes del condado de Harris o al estado”, establece el fallo.

El tribunal tampoco encontró evidencia de que los subsidios otorgados a las organizaciones sin fines de lucro por medio del organismo calificaran como un “regalo inconstitucional” de fondos públicos. En ese sentido, remarcaron que Harris tenía requisitos estrictos sobre quiénes podían utilizar los servicios.

Si bien muchos programas eran “favorecidos por una facción o partido político, pero no por otro”, el poder judicial determinó que no se deberían cuestionar esas decisiones políticas a menos que se pueda demostrar que un programa es inconstitucional, según consignó el Texas Tribune.

Reacciones tras la decisión del Tribunal de Apelaciones

Los comisionados del condado de Harris celebraron la decisión del tribunal. Jonathan Fombonne, el fiscal del condado, destacó la medida como una “victoria importante” para las familias que dependían del programa.

“Esta es una victoria relevante para el Condado de Harris y las familias que dependen de este programa. El Tribunal reconoció que las afirmaciones del Fiscal General no se ajustan a los hechos. Este programa ha operado de forma responsable durante años y continúa cumpliendo un propósito público legítimo”, declaró el Fiscal del Condado de Harris a través de un comunicado.

“Tenemos la autoridad para servir a los residentes de esta manera, y mi oficina seguirá defendiendo este programa”, agregó.

La comisionada Lesley Briones, por su parte, afirmó que el fallo era un nuevo paso hacia la equidad, la seguridad pública y la autoridad. El comisionado Rodney Ellis también se mantuvo en la misma línea, al remarcar la protección de la dignidad y el derecho al debido proceso para todos los residentes del condado.

“Me enorgullece que mantengamos nuestro compromiso de apoyar a las familias, fortalecer la confianza de la comunidad y defender la equidad fundamental en la que se basa nuestro sistema de justicia. Agradezco a la Fiscalía del Condado por su vital labor en defensa de nuestros valores”, declaró el Comisionado Rodney Ellis.

Antecedentes de la decisión del juzgado

El Condado de Harris creó el Fondo de Servicios Legales para Inmigrantes en 2020, donde se asignaron US$2.5 millones para ayudar a las personas a gestionar trámites migratorios.

El programa del condado de Harris se encarga de enviar dólares del condado a cinco organizaciones: BakerRipley, el Proyecto de Representación de Inmigrantes de Galveston-Houston, Justicia para Todos los Inmigrantes, KIND, Inc. y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes.

Por este motivo, el Fiscal General demandó al condado en noviembre del año pasado por asignar fondos públicos a organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia legal a personas que transitan por trámites migratorios. Desde este punto, afirmó que se trataba de una “donación indebida” de fondos públicos a una entidad privada.

“Debemos detener a los radicales de izquierda que roban a los tejanos para evitar que la administración Trump deporte a los inmigrantes ilegales”, declaró el fiscal general Paxton en un comunicado oficial. “Además de ser inconstitucional, es perverso”, cerró.