LA HAYA.– La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que culminó con la muerte de Khamenei, colocó al derecho internacional en el centro del campo de batalla. Más allá del impacto geopolítico inmediato, el episodio marca la primera vez en la historia moderna que Estados Unidos mata abiertamente al líder de un Estado soberano extranjero.

Desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el secretario general António Guterres advirtió que los bombardeos violan la Carta de la ONU, la cual prohíbe el uso de la fuerza contra otro Estado salvo autorización del Consejo de Seguridad o legítima defensa ante un ataque armado.

Mientras que Washington rechaza esa lectura. La administración de Donald Trump sostiene que actuó en legítima defensa frente a una amenaza “inminente” y en resguardo de la seguridad global. Para juristas como Marieke de Hoon, de la Universidad de Ámsterdam, no existía evidencia pública de un ataque iraní inminente que habilitara esa excepción.

La definición de “crimen de agresión” incorporada al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) incluye el bombardeo del territorio de otro Estado. Sin embargo, ni Estados Unidos, ni Israel ni Irán integran la CPI, lo que limita las vías judiciales internacionales.

El asesinato de Khamenei se suma a otra acción reciente que sacudió los límites del derecho internacional: la captura en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos. En menos de dos meses, Estados Unidos descabezó de hecho a dos gobiernos adversarios, ambos en países con vastas reservas petroleras.

¿Es legal matar a un jefe de Estado?

En tiempos de paz, asesinar a un jefe de Estado viola el derecho internacional, ya que goza de inmunidad personal. En guerra, el análisis cambia si el líder ejerce funciones de mando militar. Khamenei, aunque clérigo y autoridad religiosa, era también comandante en jefe de las fuerzas armadas iraníes.

Pero el dilema jurídico es previo: si el ataque que lo mató fue el acto que inició el conflicto, su legalidad depende primero de si el uso inicial de la fuerza estaba permitido. Algunos expertos sostienen que un Estado no puede justificar el asesinato de un jefe de Estado iniciando ilegalmente una guerra.

La situación también revive la histórica prohibición estadounidense de participar en asesinatos. Tras las revelaciones del Comité Church en los años 70, el presidente Gerald Ford firmó una orden ejecutiva que prohibía tales prácticas, luego reforzada por Ronald Reagan en la Orden Ejecutiva 12333, aún vigente. La norma no define con precisión qué constituye “asesinato”, y desde el 11 de septiembre de 2001 el poder ejecutivo ha interpretado que no impide ataques selectivos contra objetivos considerados combatientes enemigos.

Presidentes de ambos partidos autorizaron la eliminación de líderes terroristas, como Osama ben Laden. Trump ya había ido un paso más allá en 2020 al ordenar el ataque que mató al general iraní Qassem Soleimani en Irak. Pero Soleimani era un comandante militar activo, en cambio Khamenei era el jefe de Estado.

El argumento de la amenaza y el factor personal

Trump afirmó que Irán representaba una amenaza inminente, aunque sin presentar pruebas públicas. En una entrevista con ABC News, introdujo además un elemento personal: “Lo atrapé antes de que él me atrapara. La intentaron dos veces, bueno lo agarré primero”, dijo el mandatario estadounidense, en aparente alusión a informes de inteligencia de 2024 que señalaban presuntos planes iraníes para asesinarlo.

El gobierno sostiene que el interés de Irán en atentar contra Trump formaba parte de un patrón de conducta hostil. El embajador ante la ONU, Mike Waltz, lo mencionó como uno de los factores que justificaron la acción. No obstante, la Casa Blanca no presentó evidencia que vincule directamente a Teherán con los intentos de asesinato sufridos por Trump durante la campaña de 2024.

El deseo iraní de vengarse se remonta al ataque que eliminó a Soleimani. Fiscales federales estadounidenses presentaron cargos por presuntos complots iraníes de asesinato a sueldo, aunque no se probaron conexiones con los ataques ocurridos en 2024.

Precedentes históricos

En el pasado, cuando líderes extranjeros fueron depuestos con apoyo estadounidense, el desenlace no fue necesariamente su ejecución directa por fuerzas de Washington. Saddam Hussein fue capturado tras la invasión de Irak y ejecutado luego de un juicio iraquí. Muammar Khadafy murió tras ser capturado por fuerzas rebeldes apoyadas por bombardeos internacionales. Tras la Segunda Guerra Mundial, los jerarcas nazis fueron juzgados en Núremberg.

Incluso en 1953, cuando la CIA participó en el derrocamiento del primer ministro iraní Mohamed Mosaddegh, el líder fue encarcelado y no ejecutado.

La muerte directa y abierta de un jefe de Estado en ejercicio por parte de Estados Unidos representa, así, un salto cualitativo.

El operativo contra Khamenei fue presentado por funcionarios estadounidenses como parte de una campaña más amplia destinada a degradar la capacidad militar iraní, que incluyó ataques contra centros de mando, instalaciones vinculadas al programa nuclear y depósitos de misiles. Según el Pentágono, la operación involucró activos navales y aéreos desplegados previamente en la región y coordinación de inteligencia en tiempo real con Israel. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión de emergencia tras el anuncio, mientras varios gobiernos europeos pidieron información adicional a Washington sobre la base jurídica de la acción.

El debate interno en Washington

En el plano constitucional, la ofensiva contra Irán reaviva la discusión sobre los poderes de guerra. La Constitución otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra, aunque desde la Segunda Guerra Mundial los presidentes han desplegado fuerzas sin autorización formal en múltiples conflictos limitados.

Tras el 11 de Septiembre, el Congreso concedió amplias facultades para usar la fuerza contra el terrorismo, lo que expandió el margen de acción presidencial. Pero una guerra abierta contra un Estado soberano —y la eliminación de su jefe— podría exceder esos precedentes.

El Congreso convocó un debate urgente sobre la autoridad presidencial para bombardear Irán. Para críticos demócratas, la operación no solo viola el derecho internacional, sino también los límites constitucionales.

Agencia AP y diarios The Washington Post y The New York Times