La última orden de la COA se suma a los P73 millones en gastos confidenciales de la OVP que fueron rechazados por los auditores estatales para el año fiscal 2022La última orden de la COA se suma a los P73 millones en gastos confidenciales de la OVP que fueron rechazados por los auditores estatales para el año fiscal 2022

Nueva notificación de la COA ordena a Sara Duterte devolver P375-M de fondos confidenciales de la OVP para 2023

2026/04/20 15:56
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MANILA, Filipinas – La Comisión de Auditoría (COA) ha ordenado a la Oficina del Vicepresidente (OVP) bajo Sara Duterte devolver P375 millones en fondos confidenciales de 2023 debido a numerosas violaciones de la circular conjunta que rige tales gastos.

El aviso de desautorización fechado el 31 de marzo, pero publicado por el miembro del comité de justicia de la Cámara Terry Ridon a los medios el lunes 20 de abril, responsabiliza a Duterte por el desembolso de los fondos, junto con la oficial especial de desembolsos Gina Acosta, la contadora jefa Julieta Villadelrey y el jefe de seguridad de Duterte Raymund Dante Lachica.

Los auditores estatales señalaron la transferencia de los anticipos de efectivo de Acosta a Lachica, contrario a la disposición de la Circular Conjunta No. 2015-01 que lo prohíbe explícitamente.

Los siguientes montos de los P375 millones también fueron desautorizados por las siguientes razones:

  • P199 millones: Respaldados solo por recibos de reconocimiento, careciendo de facturas de venta o recibos oficiales
  • P62 millones en pagos de recompensas: Señalados porque la OVP no proporcionó documentación para probar el éxito de las actividades de recopilación de información o vigilancia
  • P300.000: Anticipo de efectivo utilizado para reembolso de gastos

La OVP tiene seis meses o 180 días desde la recepción de la orden para impugnar la resolución.

La orden de la COA se suma a los P73 millones en gastos confidenciales de la OVP que fueron desautorizados por los auditores estatales para el año fiscal 2022.

La COA ya negó la apelación de la OVP, lo que hace que esa orden sea final y ejecutoria, aunque Duterte aún puede intentar buscar alivio ante la Corte Suprema.

"Esta última desautorización no es un hallazgo aislado. Demuestra un patrón continuo de mal uso de fondos confidenciales marcado por el mismo defecto fundamental: el fracaso repetido de justificar los gastos con base legal, factual y documental suficiente", dijo Ridon.

Duterte actualmente enfrenta procedimientos de juicio político en el comité de justicia de la Cámara, basados parcialmente en su presunto mal uso de fondos públicos. – Rappler.com

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