La ONU designó a la experta argentina María Eloísa Quintero para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas designó a la experta argentina María Eloísa Quintero como nueva integrante de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, el organismo encargado de investigar presuntas violaciones graves a los derechos humanos cometidas en ese país desde 2014. El nombramiento fue anunciado en Ginebra por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, el embajador suizo Jürg Lauber.

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Quintero, doctora en Derecho por la Universidad Austral y licenciada por la Universidad Nacional del Litoral, reemplaza a Patricia Tappatá Valdez (Argentina) y se suma al panel integrado por la presidenta de la misión, Marta Valiñas (Portugal), y el canadiense Alex Neve, también recientemente designado. Ambos expertos suceden a Francisco Cox Vial (Chile) y Tappatá Valdez en el equipo de tres integrantes.

La Misión fue creada el 27 de septiembre de 2019 mediante la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos, con el objetivo de evaluar denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y persecución política en Venezuela. En octubre de 2024, a través de la resolución 57/36, su mandato fue prorrogado hasta octubre de 2026.

En su último informe, presentado en septiembre de 2025, la Misión alertó que la persecución en Venezuela se estaba “intensificando”. El documento incorporó nuevas pruebas sobre la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y advirtió que durante 2025 continuaron las acciones persecutorias por motivos políticos, incluidas aquellas dirigidas contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Una trayectoria marcada por la investigación de casos complejos

María Eloísa Quintero cuenta con más de 25 años de experiencia en la investigación de casos complejos y en la docencia universitaria en distintos países de América Latina. Lideró equipos técnicos y académicos dedicados al análisis multidisciplinario de graves violaciones de derechos humanos y de delitos vinculados al crimen organizado, la corrupción, la desaparición forzada, la trata de personas, la migración y el lavado de activos, entre otros.

En los últimos años trabajó en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia, donde colaboró estrechamente con autoridades nacionales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Durante más de una década fue investigadora principal del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) de México y, entre 2017 y el cierre del organismo, se desempeñó como jefa del Departamento de Investigación y Litigios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Desde ese rol, Quintero lideró más de 60 investigaciones penales contra altos funcionarios, redes políticas y económicas ilícitas, cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, en uno de los procesos más emblemáticos de lucha contra la corrupción estructural en la región. También fue consultora de diversas instituciones y colaboró durante años con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

Formación académica y trabajo actual

La jurista realizó estancias de investigación predoctorales en la Universidad de Bonn, en Alemania, y en las universidades de Sevilla, Castilla-La Mancha y Barcelona, en España. Es autora de numerosos artículos y libros especializados en derecho penal, derechos humanos e investigación criminal.

Actualmente, es fundadora y codirectora de PANORÁMICA, un centro internacional de expertos en investigación y análisis de casos complejos, y se desempeña como profesora en la Universidad Panamericana de México y en otras instituciones académicas latinoamericanas.

La designación de Quintero refuerza el perfil técnico y regional de la Misión de la ONU, en un contexto en el que los organismos internacionales advierten sobre el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela y la persistencia de prácticas represivas contra sectores opositores y organizaciones sociales.