Los problemas persisten sin acciones acertadas

Como otras, estas notas quincenales han sido mayoritariamente críticas de las políticas del gobierno de Morena. Las de este año no son la excepción y su revisión indica que los problemas acusados fueron atinados. Lo peor es su persistencia en el tiempo y la falta de acción. Aquí se recuerdan algunos puntos señalados.

En enero se advirtió la incongruencia e insuficiencia del plan México para reavivar el crecimiento. A la fecha se sigue recurriendo a acuerdos, anuncios, nuevos planes y grupos para ello sin ningún resultado.

La economía está estancada y la inversión cayó hasta septiembre, la última cifra. Se insistió en varias notas en la atonía de la actividad económica. En marzo se señaló que el país se encaminaba a la mediocridad en medio de las oportunidades de la relocalización y ahora ya ni se habla de ella.

El gobierno no ha modificado su política económica a pesar del evidente estancamiento y el continuado declive del ingreso per cápita del país. En los 7 años de Morena la economía creció menos que en los 5 sexenios anteriores y menos que la mayoría de los países del continente. Ello, a causa de problemas autoinfligidos que han desalentado la inversión productiva al generar incertidumbre. Todo indica que al gobierno solo le importa su popularidad, como se señaló en octubre.

Desde marzo y posteriormente se sostuvo que las finanzas públicas se encaminaban a la insostenibilidad debido a la poca atención a temas de salud, educación, seguridad e infraestructura públicas, a la vez que la deuda pública se acumula pronunciadamente. En esa línea, se comentó en agosto que la reducción de la pobreza se dio con el sacrificio de la inversión en capital humano e incurriendo en riesgos fiscales adicionales.

En marzo y abril se criticó el nuevo enfoque de la regulación, que privilegia la simplicidad y digitalización por encima de la utilidad pública, y se suprimió la transparencia y la vigilancia ciudadana: una desaparición adicional de los contrapesos para el gobierno. Y en julio, que el supuesto problema de la gentrificación se enfrentó con populismo sin encarar los problemas de fondo y aprovechar las oportunidades y ventajas del fenómeno.

En diversas ocasiones se subrayó que las medidas de política económica actúan en perjuicio de las MiPyMES y sus posibilidades de mantenerse en, o acceder a, la formalidad. Particularmente con el pronunciado aumento de los costos laborales, en los que destaca el salario mínimo y más vacaciones, mayores contribuciones a la seguridad social y ahora la próxima reducción de la semana laboral a un máximo de 40 horas que, aunque gradual, encarecerá más el trabajo formal.

La tendencia es preocupante. La contribución de la economía formal al PIB creció de 22.8% a 25.4% de 2018 a 2024. El trabajo informal ha subido y el formal ha caído desde febrero pasado.

Recientemente se advirtió de nuevo el problema del aumento salarial por decreto, ante la caída de la productividad. Para muchos, es políticamente correcto sostener que el aumento del mínimo es un éxito y reconocer que ojalá la productividad mejore. Eso es poner la consecuencia antes de la causa. Hasta ahora y por lo que se ve, solo un buen deseo.

Sin cambios a futuro, la economía seguirá “estable” solo mientras las finanzas públicas lo permitan. Pero desaprovechará las oportunidades que la vecindad de Norteamérica aún ofrece en estas circunstancias.