Reculan PVEM y PT, como siempre

Mientras que la oposición advierte que la reforma electoral del oficialismo es para imponer la dictadura de Morena en el país, para la presidenta Sheinbaum se trata de una herramienta para fortalecer la democracia.

Ante estas dos posturas encontradas, diremos que el temor real de la 4T por perder el poder en 2030 es tan grande que requieren todos los artilugios necesarios para evitar la temida alternancia. Por eso, dinamitan el puente que ellos utilizaron para impedir que otros lleguen a la Presidencia de la República.

Así de sencillo. Si realmente tuviera la doctora el 65 por ciento de aprobación de la gente, no estaría imponiendo una reforma electoral que, a todas luces, les cierra la puerta a las minorías en el Congreso, al tiempo de reducirles a la mitad el financiamiento público y acotarles los espacios políticos y tiempos oficiales para inhibir su influencia entre la ciudadanía, además de apoderarse de los organismos electorales como el INE y el TEPJF.

La imposición de la “Ley Maduro”, como la bautizó el senador panista Ricardo Anaya, a la reforma electoral de la presidenta, que pretende aniquilar a la democracia y consolidar un régimen autoritario mediante el control absoluto de las instituciones.

No obstante que el narcotraficante Nicolás Maduro está preso en Estados Unidos, el modelo político que gestó Hugo Chávez para imponer la dictadura en Venezuela sigue vigente en ese país. Ahora se pretende emular por AMLO-Sheinbaum al imponerlo en nuestro país con una reforma electoral regresiva, autoritaria y represiva.

El radical de derecha disfrazado de comunista, Pablo Gómez, resultó el defensor más recalcitrante del modelo autoritario que durante toda su vida política combatió; empero, ahora que está en el poder, se comporta como un aristócrata imperial.

En todo este vergonzoso asunto, falta ver cómo actuarán el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), que, de comparsa del oficialismo, pasarán a la extinción al quedar huérfanos de papá gobierno.

Está claro que, con la sobrerrepresentación que les regalaron el INE y el Tribunal Electoral (de Mónica Soto) a estos dos partidos políticos, tendrían una presencia marginal en la Cámara de Senadores y en la colegisladora y, si no existieran los plurinominales y el traspaso de votos entre integrantes de una coalición, ya hubieran perdido el registro como franquicias políticas nacionales.

Si se aprueba la reforma electoral como está redactada el día de hoy, no dude, estimado lector, que nos habremos librado de los verdes y los petistas, aunque, seguramente, habrá algunos pequeños ajustes a la iniciativa presidencial para mantenerlos como aliados políticos del oficialismo, a estas rémoras.

El quid del asunto es que ambos partidos políticos no saben caminar solos sin la tutela del partido en el poder, sobre todo los ecologistas, que han dejado atrás su ideología para coaligarse con Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, AMLO y ahora con Claudia Sheinbaum.

Dígase lo que se diga, la chiquillada tendrá que comer camote y aprobar la reforma electoral de la 4T que reduce a los pluris, recorta casi el 50 por ciento al presupuesto de los partidos y modifica la composición de las Cámaras del Congreso, amén de otras tantas modificaciones para apuntalar a Morena en el poder e impedir la alternancia.

Si hubiera tantita dignidad entre los dueños de estos partidos, hablamos del “Niño Verde”, Emilio González y de Alberto Anaya, romperían con el oficialismo, pero esto de ninguna manera va a ocurrir, ya que por unas cuantas monedas y alguna gubernatura (SLP), se apaciguarán como siempre lo han hecho; al fin y al cabo, son el prototipo de lo que representa ser un mercenario de la política.

Los electores están atentos ante los desesperados intentos del obradorato de imponer el modelo venezolano en México y de todas las maromas que hacen sus aliados políticos para no perder las canonjías y prebendas de poder.

Veremos en las urnas en el 2027 qué pasará; mientras tanto, hay que chutarnos los supuestos ejercicios de democracia participativa que se organizarán en el Congreso para despresurizar un poco el asunto, para, al final del día, dejar la reforma electoral tal como está redactada en estos momentos.