[ANÁLISIS] Retiro de financiamiento a proyectos de asistencia extranjera y los costos que ahora asumimos

Durante cuatro ciclos presupuestarios consecutivos, miles de millones de pesos destinados a aeropuertos, ferrocarriles, transporte masivo, control de inundaciones y protección climática fueron retirados silenciosamente del presupuesto nacional. Los proyectos fueron aprobados. Los préstamos fueron negociados. La necesidad era innegable. Y sin embargo, año tras año, el financiamiento fue eliminado en el último momento.

Lo que siguió no fue disciplina fiscal.

Fue parálisis.

Préstamos inactivos. Infraestructura retrasada. Costos crecientes. Empleos perdidos. Y comunidades expuestas a inundaciones, congestión y precios altos, mientras el dinero público fluía hacia otro lado.

Este ha sido el destino de los proyectos con asistencia extranjera de Filipinas desde 2023.

Esto no es un debate sobre endeudamiento externo.

Se trata de quién descarriló el desarrollo y quién está pagando por ello.

Qué sucedió

De 2023 a 2026, el poder ejecutivo propuso entre ₱200 mil millones y ₱280 mil millones al año en proyectos con asistencia extranjera (FAPs) bajo el Programa Nacional de Gastos (NEP). No eran listas de deseos. Eran proyectos reales, ya evaluados técnica y financieramente, ya revisados por riesgos ambientales y climáticos, ya negociados con instituciones como el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón.

Luego vino el proceso presupuestario.

Entre el NEP y la Ley General de Asignaciones (GAA) final, los legisladores retiraron la mayor parte de estos proyectos del presupuesto programado y los trasladaron a Asignaciones No Programadas, donde el financiamiento se vuelve incierto, contingente o simplemente inutilizable.

Los números cuentan la historia:

• 2023: ₱210 mil millones propuestos; ₱158 mil millones retirados
• 2024: ₱246 mil millones propuestos; ₱242 mil millones retirados
• 2025: ₱216 mil millones propuestos; al menos ₱118 mil millones retirados (algunos informes lo sitúan hasta ₱210 mil millones)
• 2026: ₱283 mil millones propuestos; ₱190 mil millones retirados, de los cuales ₱93 mil millones fueron vetados

En solo cuatro años, casi ₱800 mil millones en proyectos de desarrollo con asistencia extranjera fueron desprogramados.

Esto no fue un accidente.

Se convirtió en un hábito.

Qué significa esto en la práctica

Los proyectos con asistencia extranjera no funcionan con promesas. Requieren dos cosas: una contrapartida en pesos del gobierno y autorización anual para usar el préstamo.

Cuando los legisladores eliminan un proyecto del presupuesto programado, una o ambas desaparecen.

El préstamo en sí no se cancela. Permanece ahí, firmado, válido y sin usar. Sin autorización, no puede ejecutarse. La construcción no comienza. Los trabajadores no son contratados. Las comunidades esperan.

Y mientras el proyecto está congelado, el dinero no desaparece.

La contrapartida en pesos es reasignada, a menudo a gastos fragmentados, de baja prioridad y controlados localmente: parches de control de inundaciones y drenaje, edificios multipropósito, programas de asistencia variados. Estos pueden parecer útiles sobre el papel, pero no son sustituto de infraestructura planificada nacionalmente y rigurosamente evaluada.

En términos simples: el capital de desarrollo se fragmenta y se recicla en gastos más rápidos de anunciar, más fáciles de controlar, políticamente más gratificantes y vulnerables al abuso.

Los costos ocultos

Los préstamos inactivos cuestan dinero.

La mayoría de los préstamos con asistencia extranjera cobran comisiones de compromiso, pagadas simplemente por no usar los fondos. De 2023 a 2026, estos préstamos sin usar probablemente costaron al gobierno cientos de millones de pesos solo en comisiones.

Luego vienen los retrasos: escalada de precios, relicitación, removilización, rediseño. Los proyectos eventualmente cuestan más, si es que se reanudan.

Pero el daño va más allá.

Los proyectos con asistencia extranjera son vigilados de cerca por inversionistas, agencias calificadoras de crédito y socios de desarrollo. Cuando un gobierno aprueba repetidamente proyectos, negocia préstamos y luego bloquea su uso a través de su propio presupuesto, envía un mensaje: los planes aquí son frágiles.

En un momento en que los flujos de inversión extranjera directa ya se han desplomado, esto importa. El desfinanciamiento de los FAPs no explica toda la caída de la IED [inversión extranjera directa], pero profundiza las dudas sobre la preparación de infraestructura, las perspectivas de crecimiento y la capacidad del Estado para ejecutar compromisos a largo plazo.

La confianza, una vez sacudida, tarda en regresar.

Quién soporta la carga

Los costos no se comparten por igual.

Cuando los proyectos ferroviarios y de autobuses se estancan, los pasajeros pierden horas e ingresos. Cuando los proyectos portuarios y logísticos se retrasan, los precios de los alimentos suben. Cuando los proyectos de control de inundaciones se posponen, las comunidades pobres pierden hogares, medios de vida y vidas.

Para los ricos, el retraso es una inconveniencia.

Para los pobres, el retraso es devastación.

Por qué esto sigue sucediendo

La política explica parte de ello.

Dividir grandes proyectos nacionales en proyectos locales más pequeños ofrece visibilidad inmediata y ventaja electoral. Los beneficios son rápidos. Los costos son distantes.

Pero la política no es toda la historia.

Las investigaciones en curso del comité de cinta azul del Senado y la Comisión Independiente de Infraestructura (ICI) han expuesto casos graves de proyectos fantasma y deficientes de control de inundaciones, drenaje y protección costera, así como desvíos a obras de baja prioridad y lejos de estar listas para la ejecución.

A diferencia de los proyectos con asistencia extranjera, sujetos a reglas internacionales de adquisiciones, supervisión de prestamistas, evaluación multicapa y auditorías independientes, estos proyectos más pequeños a menudo escapan al escrutinio. La fragmentación facilita el abuso. La supervisión se vuelve más difícil. Los sobornos se vuelven más simples.

Ya se han realizado arrestos y seguirán más acusaciones.

En ese punto, desfinanciar el desarrollo ya no es solo una mala política.

Se convierte en un facilitador sistémico del saqueo.

Quién es responsable

El Congreso retiró los proyectos. Eso está claro.

Pero el ejecutivo no puede escapar de la responsabilidad. Estos proyectos fueron propuestos, defendidos en audiencias y luego sacrificados en el tramo final, sin una lucha lo suficientemente fuerte para detenerlo.

En las finanzas públicas, las prioridades no se miden por discursos.

Se miden por lo que los líderes se niegan a ceder.

Conclusión

Desfinanciar proyectos con asistencia extranjera no ahorró dinero. Lo desperdició.

Congeló infraestructura, aumentó costos, ralentizó el crecimiento, debilitó la confianza de los inversionistas y trasladó la carga a quienes tienen menos protección.

Como las investigaciones en curso ya confirman que este mismo proceso también permitió filtraciones masivas de fondos públicos, el problema ya no es técnico.

Es moral.

Los hechos ya no están en disputa.

El daño es visible.

La única pregunta que queda es: ¿quién será responsable de los costos que ahora soportamos? – Rappler.com

*Butch Abad es ex vicepresidente/presidente del comité de asignaciones de la Cámara (1995-2004) y secretario del Departamento de Gestión Presupuestaria (2010-2016). Actualmente es Profesor de Praxis en la Escuela de Gobierno de Ateneo.