Inversión en infraestructura

En noviembre del año pasado, la inversión fija bruta experimentó una caída a tasa anual de 5.7%, destacando la reducción de 11.6% en la inversión en maquinaria y equipo y de 7% en la construcción no residencial, con lo que se acumularon 15 meses consecutivos con la inversión experimentando tasas anuales de crecimiento negativo. No es sorpresa que esta caída haya empezado en septiembre de 2024, cuando inició el nuevo Congreso de la Unión, con una Cámara de Diputados marcada por una inconstitucional mayoría de Morena y sus rémoras y una descarada compra de lealtades en el Senado.

La composición del Congreso marcó el disparo de salida para un frenesí de reformas constitucionales y legales que eliminaron todos los contrapesos al ejercicio autoritario del poder, incluyendo la desaparición de los órganos autónomos del Estado (INAI, IFT y Cofece), la aberrante reforma del Poder Judicial, con lo cual, de facto, dejó de existir la división de poderes, y la reforma a la Ley de Amparo que dejó desamparados a los ciudadanos frente a actos de gobierno que violenten los derechos individuales. También destacan otras reformas constitucionales que discriminan al sector privado, como son la energética y el uso de las vías ferroviarias.

Es más que obvio que sin inversión en planta, maquinaria, equipo e infraestructura, así como en capital humano (educación y salud), no puede haber un alto y sostenido crecimiento económico, condición mínima para lograr mayores niveles de desarrollo y bienestar. La presidenta Sheinbaum lo sabe, pero en lugar de revertir varios de los cambios legales hasta ahora realizados, la mayoría de ellos ordenados por López, insiste en profundizarlos, como se aprecia con la reforma política que tiene como intención la consolidación de un sistema autocrático, lo que refuerza las señales negativas hacia los inversionistas.

En vista de lo que ha sucedido con la inversión durante todo lo que va de su gobierno, la presidenta anunció la semana pasada un programa de inversión en infraestructura que proyecta un monto de 5.6 billones de pesos a ejercerse en el periodo 2026-2030. Se plantea que, del total de recursos a invertir, 54.1% se destinará a proyectos en infraestructura energética (electricidad e hidrocarburos), 36.9% en infraestructura de conectividad (carreteras, ferrocarriles y puertos), 6.2% en infraestructura del sector salud, 2.8% en infraestructura hídrica y 0.3% en infraestructura del sector educativo. Para este año se proyecta una inversión adicional a lo ya considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación por 722,000 millones de pesos, equivalente al 2.2% del PIB.

Por lo anunciado por la propia presidenta y el secretario de Hacienda, se plantea que los proyectos de inversión serán mixtos, con una participación minoritaria del sector privado. Se anunció que para reducir los costos de financiamiento se emitirían instrumentos estructurados (como son las Fibras) que puedan ser bursatilizados y ser sujetos de financiamiento por parte de la banca comercial (¿y las Afores?). Asimismo, se señaló que habrá una nueva normatividad para hacer viable la participación privada y dar “certeza jurídica” a los inversionistas privados, y se generará un banco de información para darle transparencia y seguimiento a los diferentes proyectos. Lo anunciado por el gobierno suena en principio bien, pero yo en lo particular tengo tres dudas: rentabilidad social, finanzas públicas y certeza jurídica.

Primero, la rentabilidad social. Prácticamente todas las grandes obras de infraestructura del sexenio pasado (el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el AIFA y el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec) tienen una tasa negativa de rentabilidad social, lo que implica no sólo un uso ineficiente de recursos escasos, sino, más aún, la destrucción de riqueza nacional. Para que ello no suceda, es indispensable que antes siquiera de empezar todos los nuevos proyectos tengan que ser socialmente evaluados, utilizando para ello los “precios sombra” de los recursos, especialmente el costo de oportunidad social de los fondos públicos; si este no se cubre, el proyecto no puede llevarse a cabo. Queda la duda de si el gobierno lo hará; la construcción de los nuevos trenes de pasajeros da indicios de que no lo harán y los recursos seguirán siendo desperdiciados sin impulsar la creación de riqueza y el crecimiento económico duradero.

En segundo lugar, las finanzas públicas. Partiendo de que el año pasado los requerimientos financieros del sector público ascendieron a 4.8% del PIB y dados los ingresos públicos totales, así como el monto y la estructura del gasto público, el gobierno no tiene margen de maniobra para aumentar significativamente durante este año el gasto en inversión; hacerlo llevaría a incurrir en un déficit fiscal todavía más elevado, lo que pondría en duda el grado de inversión sobre la deuda pública y la estabilidad macroeconómica. Ante la dura restricción fiscal, ¿por qué limitar al sector privado a una participación minoritaria?

Finalmente, la certeza jurídica. ¿Qué certeza puede tener el minoritario sector privado si el gobierno viola las cláusulas de los contratos y es prácticamente imposible litigarlo ante un Poder Judicial que, como consecuencia de la reforma, quedó subordinado al Poder Ejecutivo? ¿Habrá inversionistas privados dispuestos a entrarle dada esta asimetría?