En Atlanta, Georgia, se presentó una propuesta de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes utilicen sus vehículos para bloquear o interferir con las acciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), así como de policías locales, sheriffs u otras autoridades.

Multarán con hasta 10.000 dólares por interferir en operativos del ICE en Atlanta

De acuerdo con Univision, la iniciativa identificada como HB-1076 propone tipificar como delito grave el uso de un vehículo para obstruir operativos de las fuerzas del orden.

Según el documento oficial, una persona sería hallada culpable de este delito si utiliza de manera consciente un vehículo, ya sea en movimiento o detenido, para “obstruir, bloquear, impedir o interferir con un agente federal, estatal o local mientras este desempeña funciones oficiales”.

Asimismo, la conducta sería calificada como delito grave y, en caso de condena, podría implicar una multa de hasta 10.000 dólares y prisión de entre uno a cinco años. Según el medio, la propuesta actual no distingue entre bloqueo total o parcial, ni entre acciones ocurridas en protestas, operativos de inmigración u otros escenarios.

Qué falta para que la iniciativa se vuelva ley en Georgia

Para que la iniciativa entre en vigor en Atlanta y el resto del estado, debe seguir el proceso legislativo correspondiente:

• El proyecto de ley debe ser analizado en comités de la Cámara de Representantes, donde puede ser debatido, aprobado o rechazado.
• Deberá ser aprobada por el pleno de la Cámara y luego pasar al Senado estatal, donde seguirá un proceso similar.
• Si ambas cámaras aprueban el mismo texto, el proyecto será enviado al gobernador, quien puede firmarlo para que se convierta en ley, vetarlo o permitir que entre en vigor sin ser firmado.

ICE avanza en adquirir bodega para convertirla en centro de detenciones en Atlanta

De acuerdo con Telemundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) avanza en la adquisición de una bodega en el este de Atlanta para convertirla en un centro de detención del ICE.

El congresista Mike Collins confirmó que se trata de una propiedad de la empresa PNK, con una superficie aproximada de 45 millas cuadradas (1.165 metros cuadrados). Aunque el proceso de compra aún no concluye, autoridades indicaron que el sitio se convirtió en la opción preferida tras evaluaciones operativas y de servicios públicos.

Funcionarios locales también señalaron que el DHS realiza estudios sobre el impacto económico del proyecto, el cual ha generado rechazo y preocupación entre residentes y autoridades de la zona.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles y de los inmigrantes advirtieron que la iniciativa HB-1076 podría tener un efecto disuasivo en el derecho a la protesta, al no diferenciar entre actos violentos y manifestaciones pacíficas. Señalaron que tipificar como delito grave el uso de un vehículo en contextos de movilización social podría criminalizar la protesta, generar interpretaciones amplias por parte de las autoridades y afectar desproporcionadamente a comunidades migrantes y activistas, por lo que pidieron mayor claridad en el alcance de la propuesta.