La Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó la mayoría de los tributos a las importaciones que la administración federal fijó a escala global el año pasado. El tribunal restringió el uso de facultades especiales por parte del Ejecutivo para establecer estos aranceles comerciales sin el aval previo del Congreso. Los magistrados determinaron que la aplicación de las tasas excedió la autoridad legal del presidente Donald Trump.

Qué decisión tomó la Corte Suprema de EE.UU. sobre los aranceles

El máximo tribunal dictaminó la nulidad de los aranceles con una votación de seis a tres. Los jueces concluyeron que el presidente sobrepasó su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa) para imponer tasas recíprocas en todo el mundo. El fallo obligó a la Casa Blanca a revisar su estrategia económica inmediata.

El presidente de la Corte, John Roberts, redactó la opinión de la mayoría. El magistrado sostuvo: “El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”.

Los jueces conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett apoyaron esta postura junto a las tres integrantes del bloque progresista, Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. Los magistrados Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito votaron en contra de la anulación.

Roberts detalló en el texto que la facultad para imponer tributos requiere una autorización clara y con restricciones estrictas por parte del Poder Legislativo. La sentencia afirmó: “Cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con estrictas restricciones; no hizo ninguna de las dos cosas en este caso”. Esta determinación legal representó el mayor revés jurídico para Trump desde su retorno a la presidencia.

El impacto económico y el sistema de reembolsos

La administración republicana utilizó los gravámenes para aumentar los ingresos públicos y presionar a otros países en las mesas de negociación. Los datos de The Washington Post indicaron que el gobierno recolectó casi 134.000 millones de dólares bajo esta modalidad hasta el 14 de diciembre.

El fallo de la Corte dejó abierta la posibilidad de que el Estado deba devolver gran parte de ese dinero a las compañías afectadas. Los expertos estimaron que los reembolsos a los importadores podrían alcanzar los 170.000 millones de dólares. Cientos de empresas locales presentaron demandas previas al fallo para recuperar los pagos realizados.

El juez Kavanaugh advirtió que el proceso de devolución de estos fondos probablemente será “un desastre”. La Corte Suprema no definió el alcance de estos derechos económicos y delegó la resolución de los pagos en tribunales de menor jerarquía.

El presidente Trump calificó la decisión judicial como una desgracia durante un encuentro con gobernadores en la Casa Blanca. El mandatario aseguró a los presentes que cuenta con un plan B para sostener su política económica. Las opciones alternativas para el Ejecutivo resultan más limitadas y lentas que las atribuciones de emergencia que utilizó originalmente.

Las tarifas sectoriales que recaen sobre el acero, el aluminio y la industria automotriz continuaron en vigencia. Estos impuestos no formaron parte de la anulación dictada por el máximo tribunal. Diversos países sellaron acuerdos comerciales bilaterales con el gobierno norteamericano en los meses previos para modificar sus esquemas tarifarios de manera independiente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.