¿Blanqueo sí o blanqueo no? Qué diferencias hay y los puntos clave sobre los “dólares del colchón”

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), uno de los ejes centrales incorporados por el Gobierno en la Ley de Inocencia Fiscal, aprobada por el Congreso a fines de diciembre de 2025.

“Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco. Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo y que haya mejores salarios. Además cobrarían un interés por sus dólares”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la reglamentación de la ley.

Adherirse a este nuevo esquema —disponible para las personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $ 1.000 millones y un patrimonio total de hasta $ 10.000 millones— constituye una condición sine qua non para ingresar los “dólares del colchón” al sistema financiero.

A partir de su implementación surgió una comparación inevitable: ¿la Ley de Inocencia Fiscal guarda similitudes con un blanqueo de capitales? ¿Se trata, en la práctica, de un blanqueo permanente?

Los especialistas consultados por El Cronista sostienen que no se trata de una amnistía de delitos tributarios. Si bien en los hechos podría asemejarse a un blanqueo por los beneficios que contempla la norma, desde el punto de vista técnico no existe equivalencia alguna.

“No está prevista la liberación de los impuestos omitidos, de las sanciones tributarias ni de las acciones penales tributarias, como sí prevé un blanqueo”, explicó Francisco Pugliese, gerente de Impuestos en La Vista Casal.

Al comparar con el blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Javier Milei, la diferencia sustancial radica en que allí el contribuyente debía pagar un impuesto especial y depositar los fondos hasta un determinado plazo para acceder a los beneficios.

En cambio, quienes se inscriban en el régimen simplificado de Ganancias acceden a beneficios que, en la práctica, pueden generar cierta confusión con un blanqueo.

Por ejemplo, si el contribuyente presenta la declaración jurada, recibirá el “efecto liberatorio” respecto del impuesto a las Ganancias del período fiscal base. Es decir, se abandona todo tipo de presunción de culpabilidad fiscal, por lo que ARCA no podrá solicitar información patrimonial —incluyendo depósitos bancarios— o detalles sobre gastos personales.

Si bien funciona como una especie de “tapón fiscal”, lo cierto es que el organismo podría impugnar la Declaración Jurada Simplificada si detecta discrepancias significativas o elementos objetivos y verificables, por ejemplo, ante una omisión del 15 % del impuesto o el uso de facturas apócrifas. En este caso, se descartaría la “presunción de exactitud”, otro concepto que incluyó el Ejecutivo dentro de la norma.

“Desde el punto de vista técnico no te libera de los impuestos omitidos, sino que genera una capa de protección. El fisco no podrá fiscalizar porque las declaraciones juradas que presentó el contribuyente gozan de la presunción de exactitud”, agregó Pugliese.

No obstante, el especialista aclaró que, bajo el régimen anterior, el fisco podía iniciar una fiscalización o inspección, requerir documentación, detectar diferencias y determinar el impuesto de oficio. Con el nuevo esquema, ese accionar se ve limitado.

“No es una amnistía de delitos tributarios ni exige el pago de un tributo especial —lo que generalmente caracteriza a un blanqueo—, sino que implica una relajación de controles”, remarcó Daniel Ricardo García, socio de LexTax Advisory.

En la práctica, ARCA no perdonará al contribuyente —como en un blanqueo—, pero sí reducirá controles sobre quienes adhieran al régimen simplificado, siempre que presenten la declaración jurada y exterioricen sus ingresos.

De este modo, los contribuyentes obtienen un bloqueo fiscal o blindaje de períodos anteriores que limita el accionar del organismo. “El fisco debe probar o detectar esa discrepancia significativa para hacer caer este régimen y los beneficios que otorga”, apuntó Pugliese.

Por último, García destacó un aspecto fundamental que, con el correr de los meses, permitirá evaluar el éxito del esquma: la confianza de los ahorristas. “La prescripción es de tres años —recién a partir de 2029— si adherís al Régimen Simplificado de Ganancias″.

Previamente, fuentes oficiales confirmaron que 23.248 personas ya se habían adherido al régimen simplificado. Sin embargo, tras la reglamentación de la ley, este medio consultó si el interés había crecido, aunque al momento de la publicación de este artículo no hubo respuesta.

Dólares del colchón: los objetivos que trazó el Gobierno

La actual administración fue clara desde un principio: el objetivo de “Inocencia Fiscal” es incentivar a los argentinos a volcar sus ahorros no declarados en la economía formal. Por un lado, las divisas podrían impulsar el consumo —por ejemplo, mediante la compra de vehículos o inmuebles— y, por otro lado, robustecer el mercado de capitales doméstico.

“Dado que nosotros tenemos una muy baja relación deuda-producto, porque la mayor parte es intra-sector público, y además tenemos equilibrio fiscal, cada vez vamos a necesitar muchísimo menos acceder a los mercados de capitales más allá del rollover. Y con el desarrollo del mercado doméstico, nosotros vamos a poder pagar y bajar esa exposición”, sostuvo el presidente Javier Milei en una entrevista con Bloomberg.

En ese marco, el Ministerio de Economía mantuvo reuniones con los representantes de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), entidades que actúan como intermediarias entre los inversores y los mercados financieros.

“Se habló fundamentalmente sobre la implementación de la ley de Inocencia Fiscal y la importancia de su impacto positivo en el mercado de capitales argentino”, detalló Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, en su cuenta de X.

Caputo estimó —según cifras difundidas por el Banco Central (BCRA)— que hay u$s 170.000 millones debajo de los colchones, equivalente a casi tres veces el nivel de depósitos en el sector privado (u$s 67.000 millones).

La reunión con inversores ratificó que el financiamiento y las inversiones en dólares son los principales instrumentos que el Ejecutivo evalúa para impulsar la reactivación económica.