¿Reforma electoral desdibujada?

En un entorno signado por el desacuerdo con sus partidos aliados, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta hoy su iniciativa de reforma electoral que busca modificar componentes esenciales del sistema electoral. Morena tiene 253 diputaciones y requiere 334; PT y PVEM suman 111; mientras que en el senado requieren 86 votos y el morenismo tiene 69 y sus aliados 20. Sin el acompañamiento de sus socios permanentes no se ve terso ni fácil el camino para construir las mayorías calificadas que el oficialismo necesita para aprobar la iniciativa presidencial.

Más allá de si el documento filtrado a los medios de comunicación es auténtico o no, deja ver algunos aspectos medulares de la posible reforma. Me refiero a tres de ellos: primero, el recorte de los llamados pluris se materializaría en la supresión de 32 senadurías de representación proporcional para integrar el Senado con 96 escaños, 64 de mayoría y 32 de primera minoría (segundos lugares de la votación); mientras que las diputaciones pluris podrían mantenerse en la misma cantidad, pero modificando el mecanismo de elección para involucrar a la ciudadanía votándolas en boletas por separado de las candidaturas de mayoría relativa y en listas que no serían cerradas sino abiertas a que el electorado elija nombres de personas y no emblemas partidarios, con lo cual los partidos no tendrían garantía de que las personas que eligen en sus actuales listas lleguen a las cámaras y Congresos locales.

El segundo aspecto tiene que ver con la posible reducción del 25% al financiamiento público ordinario que tendría efectos diferenciados para cada partido conforme con el monto de los recursos que actualmente tienen asignados y donde Morena, con 2 mil 900 millones de pesos anuales, no tendría mayores problemas, mientras que todos los demás verían mermados los recursos que reciben y donde la mayor afectación sería para el PT, que en 2026 recibe 670 millones de pesos.

El tercer aspecto toca el corazón de la autoridad electoral al proponer la conversión de las juntas locales y distritales del INE de órganos técnicos permanentes a órganos temporales, que sólo se instalarían para el desahogo de los procesos electorales. Se trata de un ajuste que suprimiría al servicio profesional electoral construido en los últimos 35 años y que ha constituido la principal garantía de eficacia operativa y técnica en la organización de los procesos electorales.

La presidenta busca, entonces, disminuir la capacidad de competencia de los partidos reduciendo el dinero que reciben y quitando espacios de representación en los Congresos; de paso, busca eliminar el control absoluto de la elección de personas predefinidas por las dirigencias partidarias, para que sean votadas por el electorado o definidas por la estrategia de acordeones ya legalizada por el tribunal en las elecciones judiciales. El INE se reduciría a su mínima expresión y tendría que enfrentar problemas serios de operación para organizar elecciones.

Hoy veremos si la reforma electoral es o no desdibujada y si los afanes del gobierno por imponer reglas que garanticen el triunfo de las candidaturas morenistas se concreta, a la par que logran el control absoluto de las autoridades electorales. El destino del sistema electoral mexicano paradójicamente depende del PT y del PVEM, que advierten un riesgo severo a sus intereses políticos y económicos y despliegan un veto sobre una reforma que los afecta. Falta ver si en la iniciativa se dan otros pasos al frente como proponer retirar el registro a partidos a los que se demuestre vinculación con grupos del crimen organizado.