¿Qué parte de la reforma laboral sí quieren los argentinos? El cambio que cosechó un “inédito” apoyo

Este viernes 27 de febrero el Senado debatirá la última versión del proyecto de Ley de Modernización Laboral promovido por el Gobierno, en el tramo final de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei.

La sesión, prevista para las 11, buscará cerrar el tratamiento parlamentario de las dos iniciativas centrales del Ejecutivo: la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad. El oficialismo intentará avanzar sin nuevas modificaciones para evitar que el texto vuelva a la Cámara de Diputados.

La convocatoria tiene como objetivo expedirse sobre el único cambio incorporado por la Cámara baja: la eliminación del artículo 44, que establecía una reducción salarial durante licencias por enfermedades o accidentes ocurridos fuera del ámbito laboral.

Si el Senado aprueba el texto tal como llegó desde Diputados, la ley quedará sancionada y será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. Cualquier alteración implicaría reabrir el circuito legislativo.

La reforma introduce cambios estructurales en despidos, vacaciones, negociación colectiva y derecho de huelga en servicios esenciales, con impacto directo en las relaciones laborales.

Mientras el Senado define el futuro de la ley, un sondeo reciente muestra que la opinión pública traza una línea clara: la mayoría de los cambios genera resistencia, pero hay un único punto que supera el 50% de apoyo. Se trata de los aumentos salariales por rendimiento.

Reforma laboral: la nueva forma de aumento salarial que logra mayoría y cómo se posicionan el resto de las medidas

Un estudio de AtlasIntel midió la opinión pública sobre seis cambios centrales incluidos en la reforma laboral. El dato distintivo es que solo uno de ellos consigue respaldo mayoritario.

Los aumentos salariales por rendimiento reúnen 51% de apoyo frente a 43% de rechazo.

A esta posibilidad abre la puerta un punto que el Gobierno logró mantener dentro de proyecto, tras duras negociaciones con los sindicatos:: la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales, que limita el alcance de los convenios colectivos debilitando la influencia de los grandes gremios.

Dentro de ese esquema se plantea que las mejoras en el ingreso estén vinculadas al desempeño individual o al cumplimiento de objetivos, en lugar de depender exclusivamente de acuerdos paritarios generales.

En cambio, el resto de las medidas evaluadas no alcanza ese nivel de adhesión. El cálculo de indemnizaciones sin incluir aguinaldo ni bonos —lo que reduciría el monto final ante un despido al excluir esos conceptos de la base salarial— concentra 71% de rechazo.

La jornada laboral flexible de hasta 12 horas mediante banco de horas registra 60% en contra. Este punto permite compensar horas extras con descansos en lugar de pagarlas como adicionales.

La ampliación de actividades consideradas esenciales, con mayores limitaciones al derecho a huelga y obligación de garantizar servicios mínimos, alcanza 59% de oposición.

También presentan mayoría negativa las vacaciones fragmentadas con un mínimo de siete días corridos, que permiten dividir el período anual en tramos más cortos (56% en contra), y los convenios colectivos por empresa en lugar de sectoriales, que priorizan acuerdos internos por sobre los de rama de actividad (49% en contra frente a 43% a favor).

Entre las seis medidas analizadas, el mecanismo de actualización salarial por rendimiento es el único que obtiene un nivel de adhesión superior al de oposición en la encuesta.

¿Es necesaria la reforma y qué efectos cree la sociedad que tendrá?

El relevamiento también consultó sobre la necesidad de avanzar con una reforma laboral en la Argentina. El 46% considera que es necesaria, mientras que el 49% opina que no lo es. Un 5% respondió que no sabe o no contestó.

En cuanto a los efectos esperados, predominan las percepciones negativas en materia laboral. Más de la mitad de los consultados considera que la reforma podría aumentar la precarización (54%) y casi la mitad anticipa un crecimiento de la informalidad (49%).

En el plano económico, las opiniones aparecen más divididas. Un 40% cree que la competitividad empresarial mejorará, aunque un 38% no espera cambios significativos. Algo similar ocurre con la inversión extranjera, donde el 37% proyecta un aumento y el 33% considera que no habrá impacto.

Sobre la generación de empleo, las expectativas están repartidas: el 36% confía en que la oferta laboral crecerá, mientras que el 32% prevé una reducción. En materia de derechos laborales, en cambio, la mayoría (59%) estima que podrían verse reducidos, frente a un 16% que cree que se fortalecerán.